Amnistía Internacional Argentina advierte que el gobierno de Milei reducirá las protecciones

Amnistía Internacional ha reprendido duramente al presidente Javier Milei, advirtiendo que su gobierno ha afianzado un modelo en el que el control social pesa más que la protección de los derechos humanos. En su última evaluación anual de Amnistía, el capítulo del organismo de control de derechos internacionales en Argentina dijo que 2025 marcó un punto de inflexión, ya que el Estado priorizó la represión mientras reducía sus obligaciones sociales. Las políticas de austeridad llamadas ‘motosierra’ de Milei se convirtieron en “un rasgo definitorio de la gobernanza, aplicada sin evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos ni mecanismos de participación democrática, y con consecuencias directas para la vida y la integridad física de las personas”, dijo Amnistía Internacional Argentina en un comunicado de prensa. El gasto público cayó más del 41 por ciento en términos reales entre 2023 y 2025, dijo Amnistía, alcanzando su nivel más bajo en dos décadas. La ONG dijo que los recortes no se distribuyeron equitativamente: los sectores vinculados a los derechos básicos –incluidos “la atención sanitaria, la educación, la vivienda y la seguridad social”– estaban entre los más afectados, mientras que los presupuestos de seguridad e inteligencia estaban en gran medida protegidos. “Este modelo envía un mensaje inequívoco: el Estado ha optado por imponer la austeridad precisamente a aquellos a quienes debería proteger”, dijo en el comunicado Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. La organización advirtió que el retroceso de las políticas públicas ha coincidido con un control estatal cada vez más estricto sobre la disidencia. Citó la creciente criminalización de la protesta, el acoso a periodistas y la estigmatización de las voces críticas, junto con el uso repetido de la fuerza para dispersar manifestaciones. “Las protestas pacíficas continuaron enfrentándose a restricciones cada vez mayores y a una represión violenta, incluido el uso ilegal de la fuerza”, afirmó la ONG. La libertad de prensa se ha visto sometida a una presión especial, señaló Amnistía, que citó al menos ocho casos de acciones legales contra periodistas y un clima más amplio de hostilidad hacia los medios. Al mismo tiempo, la violencia contra las mujeres sigue siendo persistente, afirmó la ONG. Según un registro estatal, en 2024 se registraron 228 feminicidios (uno cada 39 horas), mientras que los servicios de apoyo a las víctimas se han reducido. Amnistía dijo que las barreras para acceder al aborto han “aumentado de manera alarmante” y advirtió sobre un desmantelamiento más amplio de las políticas de género desde finales de 2023, incluidos retrocesos en la salud sexual y reproductiva y en la educación sexual integral. “La compra y distribución por parte del Estado de suministros esenciales para garantizar el acceso al aborto está suspendida desde diciembre de 2023”, señaló la ONG. Amnistía también señaló que el gobierno de Milei “retiró la candidatura de Argentina al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2026-2028”. Mientras tanto, el impacto de la austeridad se ha sentido con mayor intensidad en los grupos vulnerables, siendo las personas mayores y las personas con discapacidad las que se han visto desproporcionadamente afectadas por los recortes del gasto. El informe también critica las políticas climáticas de Argentina como “extremadamente insuficientes”, y advierte que la acción del gobierno está muy por debajo de lo que se requiere para abordar la crisis. “Argentina sigue sumida en una crisis económica y social, con un 31,6 por ciento de la población viviendo en la pobreza y un desempleo que alcanza el 6,6 por ciento”, señaló. Dos años después de la presidencia de Milei, Amnistía concluye que el deterioro de los derechos refleja un proyecto político más amplio para redefinir el papel del Estado, reduciendo su responsabilidad en materia de protección social y ampliando al mismo tiempo su capacidad coercitiva. Los hallazgos forman parte del informe global presentado por la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, quien advirtió sobre una tendencia internacional más amplia hacia una gobernanza “anti-derechos” y la erosión de las salvaguardias democráticas.