Tribunal ordena embargo de bienes de Cristina Fernández de Kirchner para pagar al Estado

Un tribunal de apelaciones confirmó el viernes una orden para confiscar activos por valor de casi 500 millones de dólares de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras personas condenadas en el caso de corrupción ‘Vialidad’. La medida es parte de un esfuerzo liderado por la corte para recuperar fondos públicos que el veterano líder peronista consideró malversados. Fernández de Kirchner, de 73 años, comenzó a cumplir una condena de seis años bajo arresto domiciliario en junio de 2025 y ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos tras ser declarado culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la adjudicación de contratos de obras públicas. El caso ‘Vialidad’ abarca los períodos de la presidencia de Fernández de Kirchner (2007-2015) así como el de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010. Fernández de Kirchner había apelado la parte de la sentencia que ordenaba el embargo de bienes, al igual que los demás condenados. Sin embargo, una sala del Tribunal Federal de Casación Penal rechazó ese pedido y confirmó el decomiso ordenado en la sentencia original, según el fallo obtenido el viernes por la agencia de noticias AFP. La decisión forma parte de un proceso más amplio para hacer efectiva la devolución de las sumas establecidas en el caso, las cuales se han actualizado en el tiempo y han motivado la ejecución de bienes pertenecientes a los condenados. El fallo –firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña– ordena el avance de la ejecución de bienes contra Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y otros imputados para cubrir el monto que el tribunal dice debe ser devuelto al Estado. La decisión deja firme la orden de confiscar una de las propiedades de la expresidenta en la sureña provincia de Santa Cruz, junto con alrededor de 20 bienes vinculados a ella y sus hijos, muchos de los cuales les fueron transferidos en 2016. También confirma el embargo de más de 80 propiedades vinculadas al empresario aliado Lázaro Báez y sus empresas. La estrategia de defensa había buscado proteger los bienes con el argumento de que su conexión con el delito no había sido “debidamente establecida”; es decir, que no se había demostrado que fueron adquiridos con fondos ilícitos. Los abogados también argumentaron que varios de los bienes atribuidos a Máximo y Florencia Kirchner habían sido heredados de su padre o fueron adquiridos con anterioridad al período investigado. “Este fallo me plantea serias preocupaciones jurídicas”, dijo a la AFP Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández de Kirchner, y agregó que “la defensa recurrirá ante la Corte Suprema”. El tribunal de Casación “ha ordenado el embargo de bienes heredados de Néstor Kirchner, persona fallecida antes del juicio y nunca fue condenado. Ha extendido efectos penales a Máximo y Florencia Kirchner por esa vía sucesoria. Ha incluido bienes sin comprobada trazabilidad directa al delito”, argumentó el abogado. Según el fallo, los bienes incautados quedarán bajo la jurisdicción de la Corte Suprema, que supervisará su administración y posible venta. El caso Vialidad encontró que contratos de obras públicas en Santa Cruz fueron adjudicados sistemáticamente a Báez, a menudo con precios inflados y proyectos incompletos o mal ejecutados, formando la base del esquema de corrupción citado por los fiscales. Fernández de Kirchner también enfrenta otro juicio por corrupción relacionado con la década de 2000, en el que se la acusa de ser parte de un esquema de sobornos y comisiones ilícitas que involucra a políticos y empresarios vinculados a contratos de obras públicas. Según la fiscalía en ese caso – que involucra a otros 85 acusados ​​y podría extenderse más allá de 2026 – Kirchner fue “la principal beneficiaria” de un sistema que comenzó durante la presidencia de su marido entre 2003 y 2007. – TIMES/AFP/NA related news