La iniciativa de Milei para reformar la ley sobre glaciares enfrenta su primer obstáculo legal

Un tribunal federal de Argentina suspendió la aplicación de los controvertidos cambios del presidente Javier Milei a la ley de protección de glaciares en la provincia de Santa Cruz, asestando a la reforma su primer golpe legal. El fallo detiene la nueva ley de Milei, que permite a los gobiernos provinciales redefinir zonas protegidas y abrir áreas periglaciales a posibles actividades mineras y energéticas, en espera de una nueva revisión judicial. La medida judicial surge tras una demanda colectiva interpuesta por el Concejo Deliberante de El Calafate, localidad situada a unos 80 kilómetros del glaciar Perito Moreno, una vasta formación de hielo de 30 kilómetros de longitud y unos 70 metros de altura en la Patagonia. Según el fallo, reseñado por medios locales, los demandantes pretendían declarar la reforma “inconstitucional, contraria a los acuerdos internacionales y nula en términos absolutos”. La reforma a la llamada “ley de los glaciares”, aprobada por el Congreso el 9 de abril pese a la fuerte oposición de activistas ambientalistas, fue promulgada el viernes por el Ejecutivo. Organizaciones ambientalistas advierten que la medida profundizará la crisis climática, argumentando que la minería o la exploración petrolera en zonas periglaciales podrían poner en riesgo las fuentes de agua. El tribunal concedió la medida cautelar, suspendiendo inmediatamente los efectos de la ley dentro de su competencia mientras se examina el caso, citando el “riesgo” que representa su potencial implementación. “La posible aplicación de un marco regulatorio que reduzca los estándares de protección ambiental podría permitir actividades que impacten ecosistemas altamente frágiles, como los glaciares y el ambiente periglacial, cuyos efectos, de concretarse, podrían resultar muy difíciles o imposibles de revertir”, argumentó el juez. Aunque el fallo se aplica sólo a la provincia de Santa Cruz, apunta a una ola de impugnaciones legales que probablemente se extenderá por todo el país. El gobierno provincial de La Pampa presentó su propia orden judicial ante un tribunal federal tan pronto como se aprobó la reforma el 9 de abril. Grupos legales y ambientalistas también presentaron un caso ante la Corte Suprema esta semana, mientras que Greenpeace respalda una demanda colectiva, y se esperan más presentaciones en al menos otras seis provincias. La legislación, promulgada formalmente mediante el Decreto 271/2026 como Ley N° 27.804, marca un cambio significativo en la política ambiental de Argentina. Después de un tenso y reñido debate en el Congreso, el gobierno consiguió su aprobación en la Cámara Baja por 137 votos contra 111, confiando en el apoyo de los bloques aliados para alcanzar el quórum e impulsar la reforma. En el centro de la reforma se encuentra un cambio profundo en el marco legal que rige la protección de los glaciares. La reforma desmantela el sistema centralizado vigente desde 2010, transfiriendo autoridad a los gobiernos provinciales para definir los criterios técnicos que determinan qué cuerpos de hielo y áreas periglaciales deben preservarse. Esta “provincialización” de la supervisión ambiental reemplaza una norma nacional uniforme con umbrales definidos localmente, lo que significa que las áreas que no cumplan con los nuevos criterios provinciales podrían perder su estatus de protección y quedar abiertas a la actividad económica. Para los grupos ambientalistas, el cambio representa un revés histórico. Los críticos argumentan que la fragmentación de los estándares técnicos abre la puerta a la reactivación de proyectos mineros y extractivos en zonas previamente salvaguardadas por el Inventario Nacional de Glaciares. La disputa ahora está pasando rápidamente del Congreso a los tribunales. Organizaciones de la sociedad civil y asambleas de base se están movilizando para unirse a acciones legales colectivas que buscan derogar la ley. Su argumento central es que los glaciares, como reservas estratégicas de agua dulce que alimentan cuencas fluviales que abarcan múltiples provincias, no pueden ser gestionados de forma aislada por jurisdicciones individuales. – Noticias relacionadas con TIMES/AFP/NA