Delia Espinoza: “El mensaje que deja la JNJ es que quien no se alinea, le arruinan la carrera”

La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, rechazó la decisión de la Junta Nacional de Justicia de no ratificar al juez Oswaldo Ordoñez por alertar ante la CIDH sobre las ‘leyes pro crimen’. Consideró que, desde hace un tiempo, se inician procesos similares contra los jueces y fiscales que velan por el estado de derecho. Además, calificó de ilegítima la renuncia de Piero Corvetto a su cargo como jefe de la ONPE y señala que le faltó personalidad y fortaleza para enfrentar los cuestionamientos en su contra que no tenían ningún sustento. Únete a nuestro canal de política y economía Recientemente, la JNJ decidió no ratificar al juez Oswaldo Ordóñez por alertar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las normas que ponen en riesgo la independencia judicial en Perú, como las ‘leyes pro crimen’. ¿Cómo observa esta medida? TE RECOMENDAMOSFRAUDISTAS AL ATAQUE Y EL CONGRESO VA POR LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS La medida de no ratificación al doctor Ordóñez simplemente no es proporcional, no es razonable y no tiene un fundamento real de inconducta. En la entrevista del señor magistrado ante la Junta Nacional de Justicia, él fue muy claro sobre cómo se había generado la invitación. Fue como representante de una asociación de magistrados y todos los gastos cubiertos por esta asociación. Sus dichos no tienen nada que ver con el puesto o la labor que él realiza en el Poder Judicial. Además, no han afectado sus trabajos propios. Todo ha sido dentro del marco de la licencia correspondiente para que él pueda ir a representar a esta asociación. Lo que parece haber inclinado la balanza para perjudicarlo es que él fue a exponer la situación de la administración de justicia en el Perú. Él simplemente ha ido a exponer una situación que es conocida por todos los peruanos y eso es lo que han considerado, de manera totalmente arbitraria, los señores de la Junta para no ratificarlo. ¿Qué impacto tiene esa decisión de no respetar la libre expresión en la independencia del sistema de justicia? ¿Qué precedente está dejando? Hay dos ámbitos de reflexión a los que me lleva su pregunta. El primero es que, internamente, les están dando el mensaje directo de quien no se alinea con el statu quo simplemente verá destruida su carrera y mancillado su honor. Se busca infundir temor en los magistrados. Esto es un riesgo porque no todos tienen la suficiente personalidad, fortaleza o valentía para enfrentarse. Eso, por un lado. Y, por otro, también el mensaje directo es que no se están respetando los estándares jurisprudenciales, doctrinarios y la legalidad misma de las convenciones y de lo que ya ha venido emitiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de respeto a la permanencia y estabilidad en el cargo de la magistratura. Sobre la base de supuestas faltas, están diciéndole a la justicia internacional que no les importa, que ellos, bajo una falsa soberanía, no están acatando lo previsto. ¿Diría que el JNJ está ratificando destituciones a fiscales que resultan incómodos para los grupos de poder? Tal como es el caso de Pablo Sánchez, Domingo Pérez, Rafael Vela, usted, incluso. El tiempo me está dando la razón. A fiscales y jueces los tienen allí con la espada de Damocles, con sus diferentes procesos de ratificación. No solo a los que mencionas, sino también a Chávez Tamariz, Richard Concepción Carhuancho, Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas. Estamos viendo que la persecución es estrictamente contra quienes se están atreviendo a actuar con legalidad. En sentido contrario, lo que está ocurriendo, más bien, es que a muchos o varios de los que están procesados ​​o involucrados en los casos de los Cuellos Blancos, por ejemplo, simplemente no los tocan. Y, muy importante, nosotros no somos opositores a nada. Al contrario, somos guardianes del Estado de derecho. Cuidamos al país porque el país, sin una justicia que se administra correctamente, es un país que simplemente se va al despeñadero. ¿Considera legítima la decisión de la JNJ de aceptar la renuncia de Corvetto? ¿Y cómo observa que Corvetto haya renunciado a su carga? ¿Es legítimo? En ambos casos se actuó de forma ilegítima. El artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones señala que los cargos de los órganos electorales son irrenunciables. El señor Corvetto, conocedor de ello, no tuvo la suficiente personalidad, no tuvo la entereza ni la valentía de enfrentar los embates y presiones mediáticas en su contra. Cierto es que le hicieron un ‘cargamontón’, lo denunciaron, incluso, pero él debió resistir porque la ley lo protegía. No tenía, tal vez, el perfil; ahora lo vemos. Lo que hizo la JNJ al aceptar su renuncia constituye también una ilegalidad y hasta una infracción a la Constitución que no nos sorprende. Esta Junta Nacional de Justicia tiene una amplia colección de infracciones constitucionales. La JNJ la aceptó (la renuncia), yo pienso, de buena gana porque ya venían, desde una semana atrás por lo menos, también generando presión sobre el señor Corvetto con el anuncio público de que iban a revisar su procedimiento de ratificación. Sobre el proceso de selección del nuevo jefe de la ONPE, ¿considera que es un proceso exprés o que se está llevando con una celeridad indebida? No solo están actuando rápido, sino que parece que quieren prescindir de un encargado. Hay una persona encargada, el señor Pachas, que tiene mucha experiencia. Deberían dejarlo trabajar este año o, al menos, hasta que termine el proceso electoral. ¿Por qué apurarse en poner a una persona que quizás no tenga experiencia en el campo o que tardará en adaptarse? La Junta Nacional de Justicia es un operador político. Ya lo ha demostrado totalmente y está enlazada con el Congreso y hasta con el Tribunal Constitucional. ¿Acaso no podemos sospechar de que va a incorporar o va a nombrar a una persona no precisamente honorable? Es probable. Y afectado la segunda vuelta. La sospecha está allí. Considero que no hay garantías. Desde un sector de la derecha se busca instalar la narrativa del fraude en las elecciones. ¿Qué les diría a aquellos que siguen sosteniéndolo, pese a que ya el JNE y los organismos internacionales lo descartaron? Lo que le diría a la población es que tenga calma y que, por favor, se asegure de que, cuando escuche a alguien decir que hubo fraude, le pida a esa persona que lo demuestre con pruebas, con cosas que se puedan ver y no solo con discursos o peroratas. Muchos de los que salen en la televisión hablando de este tema jamás exhiben documentos, jamás muestran ni una sola prueba. ¿Considera que hay inacción por parte del Ministerio Público o de la PNP al no detener las agresiones frente a la casa de Roberto Burneo o las amenazas en su contra? ¿Desde el CAL podrían realizar alguna acción? Nosotros no tenemos allí mayor injerencia porque, como lo he dicho desde siempre, cada ente público, como la PNP o el Ministerio Público, tiene sus funciones asignadas y nadie se las tiene que recordar. Al no hacer nada, están incurriendo, eso sí se lo digo, en omisión de funciones, porque no es normal ni aceptable que se esté atacando a viva voz. Buscan quebrar al señor Burneo atacando su hogar, un espacio íntimo. Eso es flagrancia y no se ha hecho nada para frenarlo. ¿Desde su experiencia, teniendo en cuenta el escenario electoral actual, cuáles son sus expectativas para la segunda vuelta? Sucede que, con este mal precedente, de pronto alguien que sienta el riesgo de no pasar a la segunda vuelta va a hacer lo mismo y va a hostilizar a un jefe de la ONPE, del Reniec oa los miembros del Jurado Nacional de Elecciones a fin de provocar su renuncia o que termine sometiéndose a exigencias descabelladas y desproporcionadas. Eso nos va a llevar a una espiral no solo de violencia cada cinco años, sino también a una desnaturalización de las elecciones venideras. ¿Considera que Rospigliosi debe juramentar como senador? Teniendo en cuenta que recientemente se le ordenó prisión suspendida por difamación en su contra. Como decana del Colegio de Abogados de Lima y, por supuesto, como abogada, no puedo basarme solo en criterios personalísimos; Tengo que hablar en el marco de la legalidad, de la juridicidad. Y, en ese sentido, lo único que yo he impulsado, ya que no lo hicieron ni el procurador, la procuradora del Estado ni el procurador del Jurado Nacional de Elecciones, es la aplicación del artículo 34A de la Constitución que claramente señala que no pueden ser candidatos para acceder a un cargo público quienes estén condenados por delito doloso en primera instancia. No se está pidiendo nada descabellado ni nada fuera de la ley, sino, precisamente, que para cautelar los intereses del Estado, el interés público de contar con autoridades elegidas que no tengan una mancha, simplemente no pueden acceder. Él tiene condición de candidato y no puede acceder a ese cargo público, por más que haya votado por él. Yo me he dirigido al JNE para que resuelva ello. No es nada personal, sino que estoy haciendo valer la ley. Dos jueces superiores votaron por declarar inaplicable la inhabilitación que le impuso el Congreso. Ahora se ha programado para el 12 de mayo una nueva audiencia en busca de la decisión de un cuarto juez, ¿cómo observa ese proceso? Todavía no nos han notificado. Mi abogado se ha presentado en la tarde para que nos brinden la resolución íntegra. Son una dama y dos caballeros. Estos últimos han declarado fundada la apelación. La señora magistrada, no quiero ser irrespetuosa, pero me sorprende que, siendo constitucionalista, no note que yo no hice nada sobre esos elementos que me atribuyen. Me siento preocupada y es raro que, ante algo tan evidente, una jueza constitucional diga que es improcedente mi demanda. Espero revisar la resolución para preparar, también, la defensa para el 12 de mayo.