El giro de la tolerancia cero en Argentina y los límites del libertarismo

La nueva paradoja del gobierno argentino es cada vez más difícil de ignorar. Un presidente elegido con la promesa de reducir el Estado está ampliando sus funciones más coercitivas. Cuando Javier Milei llegó al poder, lo hizo como un autodenominado libertario, prometiendo menos regulaciones, menos gobierno y mayor libertad individual. Su atractivo político se basaba en una idea simple pero poderosa: que la crisis de Argentina era, sobre todo, el resultado de un Estado demasiado crecido. Reducirlo, argumentó, desbloquearía el crecimiento, restablecería la eficiencia y ampliaría la libertad. Sin embargo, la trayectoria de su política de seguridad apunta en una dirección diferente. Bajo la bandera de “tolerancia cero”, la administración de Milei ha adoptado una estrategia basada en penas más severas, una mayor vigilancia policial y una presencia estatal más asertiva. Este enfoque, familiar en toda América Latina, coloca la aplicación de la ley en el centro de los esfuerzos para abordar el crimen y los mercados de drogas. Se supone que un mayor control (más arrestos, más incautaciones, más castigos) producirá un mayor orden. La tensión con los principios libertarios es difícil de ignorar. El pensamiento libertario está arraigado en un profundo escepticismo respecto del poder coercitivo del Estado, particularmente en áreas como la prohibición, donde la intervención amplía la autoridad al tiempo que distorsiona los mercados e incentiva la actividad ilícita. Las estrategias de tolerancia cero dentro de los regímenes prohibicionistas van en la dirección opuesta, basándose en una mayor intervención estatal para controlar una demanda que rara vez desaparece. Las consecuencias son cada vez más visibles. La actividad criminal no ha sido eliminada; se ha adaptado. La violencia ha disminuido en algunas zonas para reaparecer en otras. Los mercados ilícitos no han colapsado sino que se han reorganizado en redes más flexibles y descentralizadas capaces de responder a la presión policial. No se trata simplemente de una cuestión de implementación. Refleja la dinámica estructural de la prohibición misma. Cuando la demanda persiste y la oferta es restringida, la escasez genera ganancias. Esas ganancias atraen a actores que organizan, innovan y compiten. Con el tiempo, las organizaciones criminales evolucionan de grupos jerárquicos a sistemas en red más resilientes, capaces de fragmentar, reubicar y diversificar sus actividades. La presión para hacer cumplir la ley no desmantela estos sistemas; los remodela. Argentina ya está viviendo estas dinámicas. En algunas regiones, las operaciones de seguridad han producido disminuciones a corto plazo de la violencia. Pero estos avances son desiguales y a menudo temporales, a medida que la actividad delictiva cambia geográfica y organizativamente. El resultado no es la eliminación, sino la redistribución. Las implicaciones políticas son igualmente significativas. La prohibición genera flujos sustanciales de capital ilícito y ese capital a menudo busca influencia dentro de las instituciones formales. Las acusaciones que involucran a figuras como José Luis Espert –un político libertario alineado con el proyecto político más amplio de Milei– han llamado la atención sobre la potencial permeabilidad de los sistemas políticos que operan dentro de estos entornos. Más allá de los casos individuales, señalan un patrón más amplio: la intersección entre economías ilícitas y estructuras políticas formales. Esto plantea una pregunta más profunda sobre la coherencia del proyecto de Milei. Su administración promueve una visión de reducción de la intervención estatal y al mismo tiempo amplía las funciones coercitivas del Estado en nombre de la seguridad. El resultado no es un Estado más pequeño, sino más selectivo: menos presente en algunas áreas, más asertivo en otras. Esta selectividad no es exclusiva de Argentina, pero es particularmente sorprendente en un gobierno que se define a sí mismo a través de un lenguaje libertario. Cuando el Estado retrocede en la regulación económica pero se expande en materia de vigilancia y castigo, no desaparece: reorienta su poder. Incluso dentro de los círculos libertarios, esta tensión no ha pasado desapercibida. Nicolás Morás, fundador del canal de streaming Los Liberales, ha sostenido que las políticas prohibicionistas tienden a reproducir los mercados ilícitos que buscan eliminar. Su crítica refleja una interpretación más estricta de los principios libertarios, que cuestiona si tales políticas son compatibles con un compromiso genuino de limitar el poder estatal. Argentina no está sola al enfrentar estas dinámicas. En toda América Latina, estrategias similares han producido resultados comparables: desplazamiento en lugar de eliminación, adaptación en lugar de colapso. La persistencia de estos patrones sugiere que el problema no radica sólo en el diseño de las políticas, sino también en los supuestos subyacentes de la prohibición misma. La cuestión, entonces, no es sólo si la tolerancia cero puede generar resultados a corto plazo, sino también si es consistente con la visión política más amplia a la que debe servir. Si el libertarismo implica límites a la coerción, la expansión de la aplicación prohibicionista plantea preguntas difíciles sobre cómo se definen esos límites y dónde se trazan en última instancia. Si Argentina continúa expandiendo el Estado en nombre de la libertad, puede descubrir que la contradicción no es temporal, sino la característica definitoria de la presidencia de Milei. * Guadalupe Correa-Cabrera es profesora de la Universidad George Mason y codirectora del Centro de Investigación sobre Corrupción, Redes y Crimen Transnacional (CONTRA). noticias relacionadas