Obstaculización, contradicciones y cifras inchequeables: lo que dejó los 2 meses de Ley de Amnistía

Manuel Antonio Sánchez, de 57 años de edad, tiene que cumplir 10 años de cárcel luego de ser detenido la tarde del 27 de agosto de 2025. Aquel día, Sánchez acudió a la Cota 905, en Caracas, para acompañar a Meudy Ramírez, una amiga que fue desalojada de su vivienda por un grupo de personas con intereses particulares sobre el inmueble. Al llegar con un abogado a la casa de Ramírez, Sánchez fue señalado por quienes tomaron el inmueble como «agitador» ante funcionarios policiales. Bajo el engaño de que solo necesitaban “hablar”, lo instaron a entrar a un comando policial de la zona, donde finalmente lo detuvieron y lo despojaron de su vehículo y su teléfono. Su pareja, Rosalba Pereira, denunció en entrevista para Efecto Cocuyo que el arresto fue un acto de ensañamiento policial. Al llegar al sitio, Sánchez fue reconocido por un funcionario debido a una denuncia que había interpuesto en 2022 por malas prácticas policiales. “Métalo y déjelo preso, porque él nos denunció”, fue la consigna que marcó el inicio de su proceso judicial, motivado por una vieja rencilla de los uniformados. A Sánchez se le imputó el delito de incitación al odio. Para sustentar la carga, las autoridades extrajeron información de su teléfono, específicamente de sus transmisiones en TikTok, donde como defensor comunitario denunciaba fallas en los servicios públicos y exigía derechos para las comunidades caraqueñas. Tras más de ocho meses de prisión en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda, la situación de salud mental del defensor comunitario es crítica, ya que padece trastorno psicótico-depresivo y trastorno orgánico mental. El tribunal desestimó los informes psiquiátricos independientes y negó la revisión de las cámaras de seguridad que demostrarían el engaño de su detención. Además, la justicia declaró improcedente la amnistía que Pereira había introducido hace un mes, y con la que esperaba que su pareja sentimental quedara en libertad. A más de dos semanas del anuncio del fin de la Ley de Amnistía y sin acceso al tratamiento médico que requiere, el deterioro de Sánchez avanza. Su familia exige libertad plena y sostiene que denunciar irregularidades no es un delito, sino un derecho que le cuesta la vida y la libertad a un líder comunitario. El caso de Sánchez fue documentado por la ONG Espacio Público como una de las 24 personas detenidas tras hacer uso de su libertad de expresión en el año 2025. El defensor comunitario, al igual que centenares de presos políticos, no fue amparado por la amnistía, cuyo fin era “promover la reconciliación nacional y la paz social” para entrar así a un nuevo “momento político”. Para este 5 de mayo, Sánchez sigue tras las rejas y la aplicación de la Ley se quedó a medio camino.Contradicciones estatalesLa Ley de Amnistía atraviesa un período de contradicciones. El pasado 24 de abril Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, anunció el fin de la ordenanza que buscaba promover la paz y la reconciliación de los venezolanos, lo que deja a cientos de presos políticos fuera de la esperada libertad. Horas después, Jorge Arreaza, presidente de la comisión de la Asamblea Nacional que hacia seguimiento a la ordenanza, aseguró que el beneficio continuará. “La ley de amnistía no pierde vigencia”, escribió Arreaza a través de su cuenta en X, la tarde del 24 de abril. Agregó que: “La Ley ha beneficiado a prácticamente todo el universo de personas que podía amparar. Por ello la Presidenta abre mecanismos alternos para revisar casos por otras vías”.Esta situación fue calificada por Marino Alvarado, defensor de Derechos Humanos de la ONG Provea, como una señal de contradicción tras los últimos anuncios hechos por Arreaza. “A las pocas horas salió Jorge Arreaza indicando que la vigencia de la ley se mantenía y que se podían hacer nuevas solicitudes, así como que quedaban abiertas las otras alternativas”, dijo Alvarado. Mecanismo para la liberación de los presos políticos Alvarado detalló que las alternativas que tendrán los presos políticos y sus familiares para salir de sus procesos legales dependen de las decisiones tomadas por los jueces en las causas penales. “Esas alternativas son, en principio, que los propios jueces declaran el sobreseimiento de las causas”, sostuvo en una conversación con Efecto Cocuyo. El defensor de derechos humanos explicó que otro de los mecanismos que tendrían los presos políticos para que se le otorgue la libertad es a través del indulto presidencial, una figura contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal. “En cualquier etapa del proceso se requiere de voluntad política para aplicarla”, enfatizó. ¿Derogar una ley? El artículo 218 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que: “Las leyes se derogan por otras leyes y se derogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas”. Alvarado señala que la declaración de prensa de Rodríguez no anula la Ley de Amnistía de 2026, pues esta legislación sigue vigente y es de cumplimiento obligatorio hasta que la Asamblea Nacional sancione una ley que la derogue. Explicó que, en principio desde el punto de vista estrictamente legal, una ley se deroga por otra ley salvo que expresamente tenga en sus normas una fecha de caducidad de lo contrario se requiere que la Asamblea Nacional formalmente la derogue. Cuántos fueron alcanzados por la Amnistía, según el Rodrigato. De acuerdo con el último informe de la Comisión Especial encargada del seguimiento de la Ley de Amnistía, el proceso registró un total de 12.187 solicitudes válidas. Del balance final se desprende que 8.616 personas resultaron beneficiadas, aunque la mayoría de los casos no implicó salidas de centros de reclusión. Específicamente, el reporte detalla la liberación de 314 detenidos, mientras que los 8.302 beneficiarios restantes corresponden a ciudadanos que mantenían medidas judiciales abiertas bajo cautelares, como presentaciones periódicas ante los tribunales. Jorge Arreaza informó que casi todos los expedientes elegibles para la ley ya han sido tramitados. El funcionario detalló que el 98% de los beneficiarios ya se encontraban bajo alguna forma de libertad restringida (como arresto domiciliario o régimen de presentación) cuando se les otorgó el beneficio judicial. También señaló que las solicitudes pendientes deben presentarse directamente en los tribunales para su revisión. La ley de Amnistía ha beneficiado a casi 9 mil personas: un gran aporte para la paz. Las pocas solicitudes no realizadas aún, serán recibidas en los tribunales. Además, la Presidenta (E) ha abierto nuevas vías para abordar casos que no se pueden resolver por vía esta ley.— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 24, 2026 Ante el cierre de ciertos lapsos de la ley, la Presidencia Encargada desarrolló vías alternas para gestionar casos que no se ajustan a los supuestos de este instrumento legal. Según las declaraciones oficiales, estas nuevas rutas buscan atender situaciones jurídicas pendientes, mientras que los tribunales ordinarios mantienen la competencia para recibir las solicitudes rezagadas relacionadas con la amnistía. Creo que no está leyendo bien. La ley sigue vigente. Los casos que se corresponden con la ley ya se han abordado prácticamente todos. La Presidenta abre otras vías, distintas a la ley.— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 24, 2026 Cuántos presos políticos contabilizan las ONGEl último reporte de la organización no gubernamental Foro Penal del 27 de abril de 2026, cifró en 454 las personas que continúan tras las rejas por motivos políticos en Venezuela. Estas personas no fueron alcanzadas por la Ley de Amnistía. La organización señala que hay 410 presos políticos hombres y 44 mujeres y un adolescente. Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón, otra organización que contabiliza el número de privados de libertad por motivos políticos en el país, registra hasta este 28 de abril, que por los menos 667 tienen prisión política en Venezuela. Los registros de la JEP enumeran qué 578 hombres y 68 mujeres se encuentran tras las rejas en el país, de estos 45 se encuentran con enfermedades graves y 23 son adultos mayores. “Exhortamos al Estado venezolano a que active los mecanismos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual contempla en su Artículo 491 la concesión de humanitarias para quienes padecen enfermedades crónicas o terminales, entendiendo que la salud es un derecho inviolable”, se lee en el informe realizado por la organización. bien, fue a través de las luchas de las familias de los presos políticos y organizaciones sociales que forzaron al Ejecutivo a través de la Asamblea Nacional. Detalló que la ley excluyó el delito de rebelión, que históricamente es el eje de cualquier proceso de amnistía a nivel mundial para incorporar a actores políticos a la vía pacífica. “Por esta razón la ley nació con una falla”, sostuvo. Advirtió que existe una necesidad urgente de voluntad política para liberar a militares acusados de rebelión y traición a la patria, así como a los civiles involucrados en dichas causas. más de 8.000 personas para sanar «heridas políticas», defensores de derechos humanos denunciaron que el proceso fue selectivo y discrecional. Las principales trabas se concentraron en la falta de transparencia, ya que el Estado nunca publicó listados oficiales de los beneficiarios, y en la exclusión de más de 600 presos políticos que permanecen en prisión bajo interpretaciones legales forzadas que los vinculan con delitos no amnistiables. Entre los obstáculos más críticos destacan la negativa de los tribunales a entregar documentos oficiales y sentencias fundamentadas, lo cual dejó a los abogados defensores sin base legal para ejercer recursos de apelación. Además, se reportaron bloqueos administrativos, como la exigencia en regiones de que solo defensores públicos —impuestos por el Estado— realizan los trámites, o el rebote de solicitudes entre la Fiscalía y los tribunales, dejando a las víctimas en un limbo burocrático que imposibilitó el acceso al beneficio. Finalmente, la centralización del sistema judicial permitió que los tribunales regionales dependientes de «líneas» directas desde Caracas, paralizando la emisión de boletas de excarcelación incluso cuando el beneficio ya ha sido aprobado. Organizaciones como Fundehullan y el Observatorio de la ULA advirtieron que estas tácticas de dilatación, sumadas a la «extravío» de expedientes y la incautación de bienes materiales sin registro, evidenciaron que la amnistía no se aplicó como un derecho, sino como una estrategia de negociación política. Rosalba aún espera, tras la negativa de la apelación. La defensa de su esposo interpuso un recurso de casación. Sin embargo, el expediente permanece en la Sala de Apelaciones y no ha sido remitido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para su revisión. La mujer exige la libertad plena de su pareja. “Manuel no es un delincuente, sino un activista comunitario cuyo trabajo se basa en la búsqueda de justicia social y no en el odio”, dijo. Ella teme por la vida de Manuel, dado que su trastorno orgánico mental lo hace vulnerable dentro del sistema carcelario. “Yo solo quiero que le den libertad, no entiendo por qué no lo sacaron de la cárcel con la Amnistía. Es muy cruel esto”, lamentó.