El FMI avala el rumbo de Javier Milei pero alerta por la situación política y el riesgo electoral

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio este viernes luz verde a la segunda revisión del acuerdo de 48 meses del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) suscripto con la Argentina, habilitando un desembolso de aproximadamente US$1.000 millones, tal como lo anticipó Ámbito. La decisión del Directorio Ejecutivo no fue una sorpresa, pero significó otro fuerte aval político. El organismo dio por superada la etapa “kirchnerismo tardío / economía de emergencia”. El documento destaca el “impulso reformista” que, según el Fondo, se consolidó con la aprobación de legislación clave en materia fiscal, laboral y comercial. Señala que la implementación del programa “se ha mantenido sólida” y que las políticas aplicadas fueron “prudentes”. En el lenguaje críptico del FMI, eso equivale a un elogio sin reservas —o casi. Porque el organismo también admite, sin eufemismos, que Argentina no alcanzó la meta de acumulación de reservas internacionales netas fijada para diciembre pasado. Ese incumplimiento, sin embargo, quedó encuadrado dentro de una narrativa más amplia de corrección y avance, lo que le permitió al Gobierno evitar que el dato negativo opacara el conjunto del balance. La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, fue la encargada de poner el sello político a la revisión. Afirmó que las autoridades argentinas “han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado”. El texto también contiene una referencia política que merece atención. El FMI menciona que la “incertidumbre política” de 2025 afectó transitoriamente el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa. El organismo lo reconoce, pero lo enmarca como un episodio ya superado, reforzando la idea de que el programa tiene continuidad y tracción. Informe completo del Directorio del FMI FMI Argentina Selected Issues El talón de Aquiles: reservas, mercado y fragilidad externa La preocupación más persistente del documento es la que el Gobierno preferiría que no acapare titulares: la situación de las reservas y el acceso al financiamiento externo. Georgieva fue explícita al respecto. La “implementación sostenida del programa de compra de divisas del Banco Central, junto con la continua flexibilidad del tipo de cambio”, dijo, es “esencial para reconstruir decisivamente las reservas externas”. El verbo “decisivamente” no es casual: indica que el FMI considera que el ritmo actual de acumulación no alcanza y que el margen de maniobra frente a eventuales shocks externos sigue siendo estrecho. En esa misma línea, el organismo advirtió que la estrategia de financiamiento debe apuntar a “restablecer un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”, incluyendo la refinanciación de obligaciones en divisas del sector público de corto plazo. La lectura implícita es que la dependencia del crédito del Fondo como fuente de divisas no puede ser indefinida y que Argentina necesita volver a emitir deuda en los mercados globales en condiciones sostenibles. Mientras eso no ocurra, la fragilidad del frente externo seguirá siendo el principal factor de riesgo del programa. Lo que emerge del conjunto del documento es un cambio de paradigma en la relación entre el FMI y la Argentina. El Fondo ya no debate el modelo: discute la velocidad de implementación y la sustentabilidad de los resultados. Eso, políticamente, es una victoria para el Gobierno. El incumplimiento de la meta de reservas no generó una crisis con el organismo, sino una negociación que terminó con otro cheque y otro respaldo institucional. La pregunta que queda abierta -y que el FMI enuncia- es cuánto tiempo más ese esquema puede sostenerse si el frente externo no se consolida. El hincapié político del FMI Entre las valoraciones políticas, el organismo destaca las implicancias de la reforma laboral, considerando que la medida “ha contribuido a una importante segmentación e informalidad, lo que repercute negativamente en la productividad” y que busca comenzar a corregir obstáculos estructurales al empleo y la formalidad”, como “la negociación colectiva centralizada, la elevada carga impositiva sobre el trabajo y la incertidumbre jurídica”. El Fondo reconoce una “transformación estructural en curso de Argentina”, en donde crezca “el empleo en sectores y provincias con ventaja comparativa (energía, minería, agricultura)”, y pide “políticas específicas para fortalecer los vínculos transversales y permitir que los trabajadores y las empresas fuera de estos sectores y provincias de recursos naturales también se beneficien, especialmente en la prestación de servicios relacionados”.