Devuelven apartamento invadido a preso político bajo arresto domiciliario, pero se lo dejan vacío

En la medianoche de este miércoles, presuntos funcionarios de la Presidencia desalojaron el apartamento del edificio Pasquiareli, ubicado en Bello Monte, Caracas, que ocupaba de manera irregular un efectivo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, para entregarle la vivienda a su propietario, José Breijo, ciudadano uruguayo-venezolano de 73 años, preso político del gobierno chavista. Breijo fue excarcelado días atrás bajo medida de arresto domiciliario, luego de más de dos años detenido en la cárcel de Tocuyito, en Carabobo. Las autoridades lo acusaron de terrorismo por tomar una fotografía. Al llegar a su residencia en la avenida Venezuela con Tacagua, encontró el inmueble invadido y con un candado. Según la denuncia, el ocupante era un funcionario del GOES que participó en su detención original. El periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas visibilizó el caso el 26 de mayo a través de redes sociales. Vecinos y activistas confirmaron que el apartamento permaneció vacío durante al menos dos años mientras Breijo estuvo preso; el invasor, según reportes, sustrajo las pertenencias del residente. La imagen difundida muestra a Breijo en condiciones precarias, sentado en un colchón improvisado en un pasillo del edificio antes de la desocupación. El apartamento quedó vacío después de la intervención. Rojas y otros activistas exigieron la devolución completa de los bienes sustraídos, la identificación del funcionario involucrado y una investigación por parte del Ministerio Público. Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre acciones penales contra el presunto invasor ni sobre la devolución de objetos personales. Este caso ilustra las dificultades que enfrentan excarcelados políticos para recuperar su libertad en Venezuela, donde la invasión de propiedades privadas persiste como un problema documentado en diversos sectores de Caracas y otras ciudades. La Embajada de Uruguay no emitió declaraciones inmediatas sobre la situación de su ciudadano. La presión mediática y ciudadana logró la restitución del inmueble, pero persisten demandas de justicia plena para Breijo y el esclarecimiento de los hechos.