Una delegación de funcionarios de la administración Trump viajará en los próximos días a Venezuela con el objetivo de presionar reformas adicionales en la Ley de Hidrocarburos, como parte de un esfuerzo para atraer inversión internacional y reactivar la industria energética del país, revela un informe del medio político estadounidense. Según fuentes familiarizadas con los planos, el grupo —que no incluye altos funcionarios, pero sí representantes del Consejo Nacional de Dominación Energética de la Casa Blanca y del Departamento de Estado— busca que el gobierno interino venezolano profundice las modificaciones ya realizadas en la ley. En enero de 2026, semanas después de la operación estadounidense con la que se capturó a Nicolás Maduro, la administración interna de Venezuela aprobó cambios significativos en su legislación petrolera. Estas reformas eliminaron el control mayoritario obligatorio de Pdvsa en los proyectos y facilitaron condiciones más favorables para empresas extranjeras, como menores regalías, reducción de impuestos y arbitraje internacional. Sin embargo, compañías petroleras y funcionarios estadounidenses consideran que las medidas “no fueron suficientes” para garantizar las millas de millones de dólares en inversiones necesarias para modernizar la deteriorada infraestructura petrolera venezolana. “Las empresas petroleras siguen teniendo grandes preocupaciones sobre la situación legal y política del país”, indicaron informes de Político. Aunque algunos han mostrado interés inicial en los vastos yacimientos venezolanos, exigen mayores garantías antes de comprometer capital significativo. Esta visita representa un nuevo paso en la estrategia de la administración Trump para posicionar a Venezuela como un proveedor clave de energía, en línea con su agenda de “dominancia energética”. La Casa Blanca ha promovido activamente el retorno de grandes petroleras internacionales y ha utilizado el control sobre los ingresos petroleros venezolanos como herramienta de política exterior. Los expertos indican que el éxito de estas gestiones dependerá de la capacidad del gobierno interino —liderado por Delcy Rodríguez— para ofrecer estabilidad jurídica y condiciones atractivas a largo plazo en un contexto todavía marcado por la inestabilidad política posterior al cambio de régimen. La nota se basa en información publicada por E&E News de POLITICO




