Contradicciones y conflictos de intereses identificación Acceso a la Justicia en ley de amnistía

La ONG Acceso a la Justicia identificó lo que demostró como «contradicciones» y «conflicto de intereses» en el proyecto de la ley de amnistía para presos políticos en Venezuela, que se prevé sea aprobada esta semana por el Parlamento. En una nota de prensa, subrayó que el proyecto «incurre en contradicciones fundamentales al hablar de ‘extremismo’», con lo cual, a su juicio, «se descalifica de entrada a quienes podrían beneficiarse de la amnistía y presupone su responsabilidad penal». Además, citó que en el borrador de la ley se introduce el concepto de «clemencia soberana», lo que para la ONG «implica la existencia previa de responsabilidad o culpa, lo que desnaturaliza a la amnistía, que por definición no prejuzga». Por otra parte, mencionó «un claro conflicto de intereses», ya que se atribuye la ejecución de la amnistía a los tribunales ya la Fiscalía, las mismas instituciones -señaló- que han participado en la «represión masiva e indiscriminada», según denunciaron organismos como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU. Además, prosiguió, el proyecto «no habilita a familiares, abogados u organizaciones no gubernamentales para actuar en representación de los potenciales beneficiarios de la amnistía». «A lo anterior hay que resumir el hecho de que el borrador no establece qué debe ocurrir en el supuesto de que un juez determine que el caso sometido a su consideración no es susceptible de amnistía», añadió la organización. La ley de amnistía excluiría a quienes hayan cometido violaciones graves de los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas «con pena mínima aplicable superior a nueve años de prisión» y «delitos contra el patrimonio público». Acceso a la Justicia explicó que dentro del delito de homicidio se ubica el magnicidio como una forma calificada, que «ha sido imputado a numerosos militares, tanto activos como retirados», aunque añadió que «no puede hablarse de magnicidio cuando no se ha producido la muerte de la presunta víctima». Por tanto, la organización exhortó a que la aplicación de la ley sea «justa, garantista y transparente, de modo que permita alcanzar a la brevedad la tan anhelada libertad y tranquilidad de todas las personas que han sido víctimas de persecución política desde 1999 hasta el 30 de enero de 2026, así como de sus familias». La propuesta de ley se enmarca en lo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, denomina un «nuevo momento político» para el país y en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero, cinco días después de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. EFE