Decanos de tres facultades de Derecho exigen al TSJ medida cautelar por congelación de salarios

Este lunes 2 de febrero, decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de tres universidades públicas venezolanas acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer una demanda contra el Ejecutivo nacional. Los académicos reclaman omisión constitucional por la falta de ajuste al salario mínimo desde 2023, lo que afecta a toda la comunidad universitaria ya los trabajadores en general. Encabezados por Juan Carlos Apitz (decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela – UCV), Diana Romero La Roche (decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia – LUZ) y el decano de la Universidad de los Andes (ULA), los representantes ingresaron a la sede del TSJ en Caracas alrededor de las 10:30 de la mañana. Los acompañaron el profesor Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo (UC), junto a gremios universitarios, estudiantes y sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT). La acción judicial denuncia que el gobierno incumple el artículo 91 de la Constitución, que establece la obligación de fijar un salario suficiente para cubrir el costo de la canasta básica y garantizar una vida digna. Los demandantes argumentan que desde 2022 el salario mínimo quedó congelado en 130 bolívares —equivalentes hoy a menos de medio dólar— y que el Ejecutivo sustituyó los aumentos reales por bonos no remunerativos, lo que precariza prestaciones sociales, jubilaciones y derechos laborales. #EnVideo || Juan Carlos Apitz enfatizó que pensar distinto no constituye un delito y que los presos políticos en Venezuela nunca debieron estar tras las rejas. Apitz señaló que, si bien el único “delito” de estas personas ha sido su disidencia, se da la bienvenida a una Ley de… pic.twitter.com/d7iD4wYL6R— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 2 de febrero de 2026 “Se trata de una demanda por inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela debido a la omisión del Ejecutivo Nacional en ajustar el salario mínimo vital durante los años 2023, 2024 y 2025”, explicó Apitz en declaraciones a la prensa. “Los accionantes argumentan que se ha vulnerado el artículo 91 de la Constitución, el cual exige un sueldo suficiente basado en el costo de la canasta básica para garantizar una vida digna”, agregó. Los universitarios solicitan una medida cautelar para que los bonos se integren al salario y obliguen al Ejecutivo a decretar un ajuste real. La protesta contó con apoyo estudiantil visible en las afueras del TSJ, donde se concentraron para respaldar la iniciativa. Tras salir del edificio, la comisión ofreció declaraciones a la prensa. El profesor Pablo Aure detalló el encuentro y reiteró que la educación pública lleva años con protestas por bajos salarios y condiciones precarias. Los decanos y gremios esperan que el TSJ admita el recurso y fije una posición sobre la omisión alegada.