La búsqueda de los ‘dólares colchón’ de Milei continúa con la Ley de Inocencia Fiscal

El gobierno de Argentina ha reglamentado formalmente la Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de fomentar la formalización de los ahorros no declarados –incluidos los llamados “dólares colchón”– y redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes. La medida, una de las reformas tributarias más ambiciosas de la administración del presidente Javier Milei, fue formalizada mediante el Decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial el lunes. Pone en vigor un nuevo esquema, el Régimen de Ingreso Simplificado (RSG), y limita explícitamente el alcance de los poderes de auditoría de la agencia de ingresos y aduanas ARCA. A partir de ahora, el foco de los controles de ARCA estará exclusivamente en los ingresos facturados y declarados. El núcleo de la regulación es un cambio de criterio fiscal. Quienes se adhieran al régimen RSG estarán cubiertos por un régimen que abandona la presunción de culpabilidad fiscal. Los puntos centrales del nuevo régimen incluyen: – Seguridad patrimonial: ARCA no podrá auditar incrementos de activos, consumos personales o depósitos bancarios – Tributación por facturación: el impuesto a la renta se calculará únicamente sobre la renta declarada y las deducciones admitidas – Declaraciones precargadas: el organismo pondrá a disposición una declaración que el contribuyente podrá aceptar o ajustar – Efecto de exención (“tapón fiscal”): el pago oportuno libera al contribuyente de cualquier reclamación administrativa o penal en esos períodos, excepto en el caso de omisión de ingresos facturados. El régimen es voluntario y se aplica a personas físicas con ingresos anuales de hasta mil millones de pesos (alrededor de 712.000 dólares) y activos de hasta 10 mil millones de pesos, verificados anualmente en los últimos tres ejercicios tributarios. Los principales contribuyentes están excluidos del régimen. Umbrales penales La regulación también introdujo una profunda modificación del Régimen Penal Fiscal, elevando significativamente los umbrales mínimos para que una infracción constituya un delito. Las nuevas normas son: – Evasión simple: de 1,5 millones a 100 millones de pesos – Evasión agravada: de 15 millones a mil millones de pesos – Prescripción: reducida de cinco a tres años para los contribuyentes no infractores. Además, también se autorizan mecanismos de desestimación de cargos penales: – Cancelación única: pago de capital e intereses sin demanda penal (beneficio único) – Regularización con recargo: si no hubo denuncia, se podrán desestimar los cargos pagando la deuda más un 50 por ciento adicional dentro de los 30 días. El decreto reglamentario especifica cómo se pueden utilizar los ahorros no declarados. Para operar dentro del régimen, los fondos deben ingresar al sistema financiero, ya sea en el inicio o en el destino de la transacción. Se mantiene la excepción para la compra de inmuebles en efectivo, y se elevan los umbrales de información bancaria: transacciones de hasta 10 millones de pesos mensuales no generarán reportes automáticos. En paralelo, se actualizó el esquema de sanciones: – Multas: Las sanciones aumentaron en términos nominales pero con un nuevo procedimiento – Aviso previo obligatorio: ARCA debe otorgar entre 10 y 15 días hábiles para regularizar antes de enviar una orden formal – Graduación de las sanciones: trato diferenciado para las pequeñas y medianas empresas y reducción de hasta el 50 por ciento si se regulariza oportunamente. El Ministerio de Economía estima que unos 170.000 millones de dólares están en manos de argentinos y quedan fuera del circuito formal. El objetivo oficial es que este esquema convierta la declaración de su patrimonio en un mecanismo permanente, no excepcional, con una premisa clara: mirar sólo lo que se declara y paga a partir de ahora. – Noticias relacionadas con TIMES/PERFIL