La excarcelación de Oscar Castañeda conmovió a todo el país. No fue por salir más delgado, o por su dificultad para caminar, ni por pasar más de un año tras las rejas de El Helicoide, el principal centro de tortura de Venezuela, sino por no poder reconocer a su propia hija. Su familia lo esperaba muy esperanzada fuera del recinto; pero, ahora, comienza un período igual de difícil: sanar el trauma. La liberación de cientos de personas en Venezuela, tras largos períodos de detención arbitraria, desnuda otra realidad cruda: la libertad física no implica, necesariamente, la sanación inmediata. Los presos políticos que vivieron el encierro, algunos durante semanas, otros durante más de una década, emergen de un sistema que utiliza la privación de libertad como un mecanismo de quietud de la voluntad y de intimidación social. La incertidumbre del Estado de Derecho y la exposición a condiciones de vulnerabilidad extrema configuran un escenario donde, en ocasiones, la persona pierde el control absoluto sobre su propia existencia al enfrentar una estructura que opera bajo la arbitrariedad sistemática y la ausencia de garantías procesales. El proceso de retorno al hogar se da en un contexto complejo, en el que, aunque han ocurrido más de 380 excarcelaciones hasta este 6 de febrero, el sistema judicial mantiene la sombra de la persecución mediante medidas cautelares y restricciones que limitan el ejercicio pleno de la ciudadanía. Los presos políticos excarcelados que llegan a casa lidian con una segunda batalla: la reconstrucción del yo y del entorno familiar en un país que sigue siendo percibido como hostil. En Efecto Cocuyo consultamos a Manuel Llorens, psicólogo clínico, investigador especializado en Clínica y Magíster en Psicología Comunitaria de la Manchester Metropolitan University, y a Andrés Antillano, psicólogo social y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), para analizar la situación a la que se enfrentan los cientos de presos políticos excarcelados. Ambos coinciden en que la afectación varía según la resiliencia individual y las condiciones del cautiverio, pero subrayan que la pérdida de la seguridad básica es un factor universal que altera la percepción de la realidad. Para los especialistas, la transición de la celda a la calle requiere un proceso de reorientación donde el cuerpo y la mente deben aprender que el peligro inminente ha mutado, aunque las instituciones que ejecutan la detención sigan presentes en la cotidianidad del país a través de la vigilancia y el chantaje judicial. El quiebre de la seguridad y el control de la vida El psicólogo Manuel Llorens, en entrevista telefónica, sostiene que la experiencia del cautiverio prolongado opera sobre dos pilares fundamentales que desarticulan la psique: la vulnerabilidad extrema y la pérdida total de la agencia personal. El especialista explica que el sentido de seguridad personal se trastoca cuando la persona es sometida a amenazas sostenidas, tanto físicas como psicológicas, en un entorno donde no existe el Estado de Derecho. Llorens enfatiza que las víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, sumadas a las amenazas diarias durante el período de encierro, por torturas psicológicas, generan condiciones que dificultan los procesos de sanación. Recuperar la sensación de que se está en una situación distinta, rodeado de gente confiable, es un proceso que puede tardar meses o, incluso, años. La pérdida de control sobre la vida cotidiana, desde cuándo comer hasta cuándo dormir, deja una huella de desorientación en las personas que salen de la cárcel. Para el sociólogo Andrés Antillano, la prisión política busca precisamente el «efecto de privación social», cuyas consecuencias generan la ruptura de vínculos vitales, culpabilización, afectación en los vínculos familiares y desrealizaciones sobre el entorno y el tiempo. Antillano sostiene que la cárcel no solo encierra el cuerpo, sino que intenta invalidar el sentido de la acción colectiva del detenido, para proyectar un mensaje de inutilidad sobre sus esfuerzos previos por la defensa de derechos o la participación política. Hipervigilancia, ansiedad y depresión Para los especialistas, el cuadro clínico más recurrente entre los ex presos políticos es el trauma complejo, que se manifiesta mediante el estrés postraumático que afecta la funcionalidad diaria. Señalan que la hipervigilancia se convierte en una respuesta adaptativa que persiste fuera de los barrotes. Llorens señala que la persona permanece en un estado de alerta constante monitoreando amenazas que ya no están presentes predominantemente, pero que habitan en su sistema nervioso. También explica que la reactividad, causada por lidiar con traumas complejos, dificulta rutinas básicas como el sueño, donde las pesadillas repiten cíclicamente las escenas de la experiencia traumática vivida durante los interrogatorios o el aislamiento. «A la persona le cuesta recuperar una sensación de que puede estar tranquila, se siente agitada, siente que está hipervigilante, chequeando alrededor por cualquier amenaza que pueda permanecer. La persona puede tener dificultad para sostener el sueño y tiene pesadillas, donde se repiten escenas de la experiencia amenazante», asegura Llorens. La desregulación emocional es otro síntoma crítico, apunta, ya que los liberados pueden sentirse abrumados por ráfagas de rabia o tristeza profunda o, por el contrario, mostrar un aplanamiento afectivo. Llorens explica que la disociación aparece como un mecanismo de defensa desarrollado en el encierro, debido a que la persona se desconecta de sus sentimientos para sufrir menos la precariedad y el dolor. “Es importante registrar que el malestar y la herida tienen un impacto psicológico. Aquí hay heridas que son morales y que son de justicia, y que en nuestras entrevistas muchas veces hemos encontrado que las víctimas de estos abusos de derechos humanos nos dicen que sí, que agradecen sentir alivio emocional, pero que sobre todo lo que quieren es que se haga justicia”, destaca el experto en salud mental. Familia como víctima y apoyo La injusticia del arresto político golpea con fuerza a la familia, a quienes Llorens califica como víctimas indirectas de amenazas y agresiones directas. Afirma que el daño al lazo familiar es profundo, pues el preso puede regresar sin la energía emocional para cumplir con el rol que la familia anhela recuperar. Para Llorens, existe una desfase entre la alegría del reencuentro y la realidad de una persona que ha sido «vaciada» por el sistema carcelario. La restitución ocurre en la reconstrucción de la solidaridad, aunque aparecen conflictos por los duelos del tiempo perdido. “Yo creo que son muy importantes las actividades de los rituales familiares. Cada familia tiene sus propios rituales sencillos, simbólicos, de qué cosas compartimos juntos y cuáles son los significados de nuestra familia y los espacios de emociones positivas. A veces no tiene que ser hablar sobre lo sucedido ni elaboración emocional de las cosas más gruesas. El poder ir juntos a la comida familiar, el poder jugar un partido deportivo y recuperar los vernos en un terreno de juego, el poder la tarea del niño juntos, el poder volver a cantar alguna canción compartida y todo lo que tenga que ver con conectar emociones positivas y empezar a volver a ganar espacio de los espacios de conexión y de vínculo Eso es muy sanor”, dice Llorens. En cuanto al miedo, sostiene que este debe gestionarse colectivamente; En Venezuela, el miedo responde a una amenaza real y no a una paranoia. Por lo tanto, el especialista sugiere que la familia debe evaluar sus riesgos de manera realista mientras construye espacios de seguridad en su comunidad y redes de confianza. El trauma psicosocial y el quiebre de la voluntad social Andrés Antillano advierte que la prisión política en Venezuela no solo castiga al individuo, sino que intenta intimidar a la sociedad entera y la figura del «excarcelado» —con medidas cautelares— funciona como una forma de extorsión permanente. Según Antillano, este mecanismo intenta que el prisionero pierda el sentido de su propia acción política y se repliegue a la vida privada por temor a regresar al cautiverio. Es una estrategia de silenciamiento que busca generar un efecto inhibidor en quienes observan estos casos desde afuera. «La prisión política intenta quitarle sentido al activismo. Es como que el preso dice: ¿todo lo que hice valió la pena? Mira dónde estoy, perdí años con mi familia, no pude ver a mis hijos, no pude estar con mi pareja, he perdido el trabajo», agrega. Frente a este intento de quebrar la voluntad, Antillano considera que la respuesta colectiva es fundamental, por lo que es necesario que existan espacios donde el sobreviviente pueda hablar de su tránsito por la cárcel y darle un significado útil a ese dolor. Subraya que la reivindicación de la vivencia es una herramienta de sanación social indispensable. Para Antillano, el tratamiento no debe ser solo clínico individual, sino que requiere una «reparación del tejido social» mediante mecanismos de justicia que aseguren que quienes ejercieron el poder arbitrariamente sean auditables. Herramientas de regulación y recomendaciones clínicas La recuperación de la salud mental tras la cárcel política requiere una caja de herramientas que combine el realismo con la protección emocional. Basado en sus recomendaciones técnicas y los materiales didácticos desarrollados, se sugieren las siguientes rutas: 🟣 Recomiendan diferenciar entre los miedos traumáticos del pasado y las amenazas reales del presente para tomar decisiones de seguridad basadas en hechos. 🟣 Sugieren identificar actividades que ayuden a recuperar la calma, como el ejercicio físico, la escritura terapéutica, duchas térmicas o el vínculo con mascotas. 🟣Recomienda que la persona que acaba de salir de prisión tome las riendas de su propia vida desde el primer día, poniendo límites a los demás. Esto significa que él debe ser quien decide con quién se reúne y con quién habla, sin sentirse obligado a dar entrevistas o atender a demasiada gente a la vez. El objetivo es evitar que el ruido del mundo exterior y la presión de los medios lo agobien, ya que revivir su experiencia tan pronto puede causarle un daño psicológico innecesario. 🟣Ambos expertos coinciden en que si el malestar desborda los recursos familiares, se debe acudir a psicólogos especializados en trauma complejo y situaciones de violencia política.
Sanar bajo vigilancia: el reto de reconstruir la seguridad personal tras la prisión política
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