Ofac emite licencia que abre la puerta a eventual reestructuración de la deuda venezolana

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), publicó este martes la LIcencia General No. 58, que autoriza de forma limitada la prestación de servicios legales, financieros y de consultoría al Gobierno de Venezuela (incluyendo Pdvsa) para preparar una posible reestructuración de su deuda. La GL 58 permite a firmas estadounidenses e internacionales (abogados, bancos de inversión, consultoras) ofrecer servicios relacionados con evaluación de la deuda actual de Venezuela y Pdvsa, desarrollo y preparación de propuestas y escenarios de reestructuración y elaboración de materiales técnicos y de apoyo. La Ofac destaca que este movimiento es meramente preparatorio, pues la licencia no autoriza negociaciones directas con acreedores, firma de acuerdos de reestructuración, transferencias, liquidaciones o pagos de deuda y cualquier acción que implique ejecución de garantías o embargos judiciales sobre activos bloqueados (como Citgo). Además, impone condiciones estrictas: Los pagos por estos servicios deben ser “comercialmente razonables” y no pueden hacerse en oro, petro, criptoactivos emitidos por Venezuela ni mediante swaps de deuda. Quedan prohibidos los involucrados con Rusia, Irán, China, Cuba, Corea del Norte o personas sancionadas en la lista SDN (excepto PDVSA en ciertos casos). Las empresas deben reportar los contratos a las autoridades estadounidenses en un plazo de 10 días hábiles. ¿Qué significa esto en la práctica? Es un paso técnico y controlado, no un levantamiento de sanciones. Washington está permitiendo que se empiece a “dibujar el mapa” de cómo podría reestructurarse la deuda venezolana (que lleva en default desde 2017), pero sin que se pueda avanzar hacia un acuerdo real. El Gobierno venezolano puede contratar asesores internacionales de primer nivel para preparar el terreno, pero cualquier decisión final sigue bloqueada por las sanciones. Esta licencia forma parte de una política gradual y condicional de flexibilización de sanciones que EE.UU. UU. ha venido aplicando en 2026, especialmente después de los cambios políticos en Venezuela. Objetivos claros de Washington: Mantener el control: EE.UU. sigue teniendo la llave. No desbloquea activos ni permite que el Gobierno venezolano negocie libremente con acreedores. Facilitar una transición ordenada: Al permitir trabajos preparatorios, busca que, cuando (y si) haya condiciones políticas favorables, existe un marco técnico listo para una reestructuración ordenada que beneficie a acreedores legítimos y al flujo futuro de petróleo. Proteger intereses estadounidenses: Evita que China, Rusia u otros actores adversarios tomen ventaja en una eventual reestructuración, y mantiene mecanismos de supervisión (informes, cuentas controladas, prohibiciones de pago en activos no convencionales). Señal política: Es un mensaje mixto — “estamos dispuestos a ayudar en lo técnico si cooperan, pero el desbloqueo real depende de avances concretos en gobernabilidad, transparencia y alineación geopolítica”. En resumen, la GL 58 es una válvula de presión controlada. No resuelve la crisis de deuda venezolana, pero abre un canal técnico profesional para que el país pueda empezar a prepararse. El verdadero avance dependerá de negociaciones políticas de más alto nivel entre Caracas y Washington. Cualquier reestructuración significativa de la deuda venezolana todavía requiere un cambio más profundo en las condiciones políticas y en la confianza de los mercados internacionales. Por ahora, EE.UU. sigue marcando el ritmo.