Laboratorio de Paz alerta sobre la importancia de garantizar refugios dignos

Catia La Mar, La Guaira. Foto: Patricia Ochoa Aunque aún no se conoce la cifra de damnificados del doble terremoto ocurrido en Venezuela, miles de familias han sido trasladadas a refugios de emergencia en el país. El saldo informado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, da cuenta de 1.943 el número de fallecidos y 10.571 heridos al martes 30 de junio. La ONG Laboratorio de Paz destacó que los refugios de emergencia creados por el Estado deben garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, acceso al agua potable, saneamiento, información, protección frente a la violencia, permanencia de las familias, participación de las personas afectadas y una distribución transparente y equitativa de la ayuda, para garantizar la vida, la salud y la dignidad de quienes perdieron sus viviendas. Aseguran que, aunque la solidaridad ciudadana es indispensable en la emergencia, no sustituye las obligaciones del Estado y que un refugio digno no depende únicamente de la buena voluntad. Según la organización, los problemas tras una catástrofe como el doblete sísmico no son consecuencias del desastre, sino de la insuficiencia en la administración de refugios y de un enfoque que no prioriza los derechos humanos. Subrayan que el hacinamiento, la falta de agua potable, la separación de familias, la distribución arbitraria de la ayuda o la exposición de mujeres, niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad a nuevos riesgos son situaciones que pueden prevenirse si se siguen protocolos de contingencia. “La prioridad absoluta continúa siendo salvar vidas. Pero, al mismo tiempo, comienza otra etapa igualmente decisiva: la reubicación temporal de millas de personas que ya no pueden regresar a sus hogares. Las decisiones que se adopten durante estos días determinarán si los refugios ayudarán a la recuperación o si terminan generando nuevas vulneraciones de derechos”, señaló Laboratorio de Paz. ¿Aprender del pasado? El Laboratorio de Paz recordó el deslave que devastó el estado Vargas en 1999 y cómo organizaciones nacionales e internacionales documentaron denuncias relacionadas con la administración de los refugios temporales. Agregó que para la fecha el país tenía “más recursos económicos y una estructura estatal más sólida que la actual”. Con el objetivo de no repetir errores de administración, en un contexto de mayor fragilidad institucional, el laboratorio presentó dos publicaciones para facilitar la aplicación de refugios. “Lineamientos mínimos para refugios temporales en Venezuela” está dirigido a autoridades, equipos de protección civil, gobiernos locales, organizaciones humanitarias y personas responsables de administrar refugios. En el texto, a través de 12 puntos, se organiza la gestión de un refugio e incorpora listas de verificación, recomendaciones prácticas y criterios basados ​​en estándares internacionales. Mientras que la segunda publicación, “10 preguntas sobre refugios dignos”, se enfoca en las personas malditas. El texto explica cuáles son los derechos que toda persona debería esperar que sean respetados mientras permanezca temporalmente en un refugio. Ambos listados se basan en el Manual Esfera, las directrices del ACNUR e instrumentos internacionales sobre acción humanitaria y derechos humanos. “La solidaridad ciudadana seguirá siendo indispensable durante toda esta emergencia. Pero la solidaridad, por sí sola, no sustituye las obligaciones del Estado. Un refugio digno no depende únicamente de la buena voluntad: depende de cumplir reglas que la comunidad internacional ha construido durante décadas para proteger a las personas cuando más lo necesitan.” La organización invitó a instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, universidades, medios de comunicación, equipos de voluntariado y comunidades afectadas a utilizar y difundir ambos materiales como herramientas para fortalecer una respuesta humanitaria respetuosa de los derechos humanos. Catia La Mar, La Guaira. Foto: Patricia Ochoa