¿Están dadas las condiciones para la reestructuración de la deuda externa?

Vicepresidencia Sectorial de Economía del interinato indicó que en unos meses saldría un marco macrofinanciero y de sostenibilidad. Foto: EFE Un “proceso integral y ordenado” de reestructuración de la deuda pública externa del país y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunció el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. El objetivo central, según el comunicado difundido, es poner “la economía al servicio del pueblo venezolano, liberar al país de la carga de la deuda acumulada y sentar las bases para un renacimiento de prosperidad, justicia e igualdad”. La decisión se toma ocho días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, Ofac), emitió la Licencia General No. 58, que autoriza de forma limitada la prestación de servicios legales, financieros y de consultoría al Gobierno de Venezuela, incluyendo Pdvsa, lo que abrió la puerta a una posible reestructuración de su deuda. Economistas consultados por Efecto Cocuyo señalan que no es la primera vez que desde el Ejecutivo se comunica esta intención, por lo que aún está por verso si se ejecuta, bajo ciertas condiciones y los términos, que son complejos. Giorgio Cunto advierte que no ejecutar el proceso correctamente es tan malo como no hacerlo y José Guerra que no será un proceso rápido por los tipos de deuda y Múltiples acreedores. De momento, desde la Vicepresidencia Sectorial de Economía del interinato, se indicó que en unos meses saldría un marco macro-financiero y de sostenibilidad, por lo que de la calidad de este, señalan los expertos, dependerá si el punto de partida para ese proceso de negociación de la deuda que asciende a 170.000 millones de dólares, es el adecuado. “Buena voluntad” “La decisión implica restablecer relaciones con el mercado internacional de crédito que están rotas desde el año 2017, cuando Nicolás Maduro decretó el incumplimiento del pago de las deudas externas y llovió sobre Venezuela, literalmente, una catarata de demandas de todo el mundo, bonistas, acreedores, solicitando el pago. Esto significa, en principio, que se muestra buena voluntad para entablar negociaciones que lleven a un acuerdo de pago”, dijo el economista José Guerra. El exasesor del Banco Central de Venezuela (BCV) explicó que son múltiples deudas y acreedores que totalizan 170.000 millones de dólares entre el gobierno nacional y Pdvsa, tales como la deuda con China, organismos multilaterales como la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), proveedores de bienes de servicio y laudos arbitrales (demandas por expropiaciones) en los cuales Venezuela salió desfavorecida. A partir de la Licencia General 58 se conoció, este 13 de mayo, que el Ejecutivo venezolano designó a la estadounidense Centerview Partners como asesora financiera principal para la reestructuración integral de su deuda pública externa. La firma es la encargada de presentar en el mes de junio, el marco macroeconómico y el análisis de sostenibilidad de la deuda ante la comunidad financiera internacional. “Que se anuncie no quiere decir que se vaya a realizar. No es la primera ocasión en la que el gobierno ha anunciado que va a reestructurar deuda y no pasó de allí. Reestructurar una deuda como la que tiene Venezuela no es un deseo de lámpara mágica por la complejidad de la deuda. Si no está la infraestructura legal y económica para hacerlo no avanzará mucho y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aclaró que no ha recibido solicitud de financiamiento ni se ha involucrado en el anuncio, lo que no es una señal talentosa para el éxito del proceso”, señaló el economista Giorgio Cunto. El experto en análisis macroeconómico, previsión y visualización de datos advirtió además que si bien la Ofac emitió la licencia 58 que permite a Venezuela iniciar las conversaciones sobre la deuda, falta otra licencia para las transacciones que harían efectivo el proceso de reestructuración, lo que aprecia como una primera “traba” en lo estrictamente legal para iniciar el proceso. Al emitir la reciente licencia, la Ofac aclaró que se trata de un movimiento “preparatorio”, porque no autoriza negociaciones directas con acreedores, firma de acuerdos de reestructuración, transferencias, liquidaciones o pagos de deuda y cualquier acción que implique ejecución de garantías o embargos judiciales sobre activos bloqueados (como la estatal Citgo). Va a tardar A propósito de la asesoría de la firma Centerview Partners, Cunto alerta que sin apoyo técnico del FMI y auditorías independientes la percepción sobre la calidad de los datos que aporte Venezuela puede jugar en su contra en el proceso. “Venezuela lleva mucho tiempo sin una infraestructura estadística confiable, y más de una década sin publicar información fiscal consolidada”, dijo. El anuncio económico del interinato se da en el contexto del tutelaje de Washington sobre Venezuela y las llamadas fases de estabilización y recuperación económica. El secretario del Estado de EEUU, Marco Rubio, ratificó este 14 de mayo que la tercera fase es la de una transición democrática, sin dejar de anunciar que no pueden “apurar” el proceso porque lo logrado hasta ahora puede “desmoronarse”. ¿Qué lleva al interinato a hacer el anuncio en estos momentos? Guerra lo designación a que el gobierno quiere iniciar un proceso de acceso al financiamiento externo que vendría como consecuencia de la reestructuración de la deuda. “Esto no va a ser rápido, esto va a tardar -por lo menos 12 meses- porque es un proceso de una complejidad extraordinaria por el tipo de deuda y acreedores de una multiplicidad de características. Hay bonos, notas compromisorias, deudas con multilaterales, pero la admisión en este momento puede obedecer a una muestra de buena voluntad de entenderse con los acreedores de Venezuela que desde 2017 están esperando por el pago de esas deudas”, sostuvo el exdiputado del Parlamento. Para Cunto, el proceso podría extenderse por años, dependiendo de la capacidad de negociación de las partes y la complejidad de los pasos. Recordó que Venezuela tiene la deuda sobre el Producto Interno Bruto (PIB) más grande del mundo y más de una década en default. Agregó que una vez la Ofac emita todas las licencias necesarias, los acreedores y el Estado venezolano deben llegar a acuerdos y tener la capacidad para ejecutarlos. “La reestructuración de la deuda es una de las necesidades más importantes para la reforma macroeconómica venezolana y uno de sus principales requisitos para que el país pueda volver a desarrollarse, ya que el peso de las deuda limita su acceso a los mercados internacionales y, por ende, la acción de los recursos que podría levantar para poder hacer inversiones en todos los ámbitos en los que se requiere recuperación, llámese infraestructura, energía, servicios, entre otros”, apuntó Cunto. Este 14 de mayo se conoció que los bonos de Pdvsa se registraron alzas en el mercado secundario luego del anuncio sobre el proceso de reestructuración de la deuda soberana y de la petrolera estatal. El bono de Pdvsa con vencimiento en 2027 avanzó casi dos centavos y se ubicó en 41,125 centavos por dólar y el título con vencimiento en 2024 ganó 1,75 centavos y alcanzó 41,625 centavos por dólar. El incremento se relaciona con las expectativas de mejoras después de casi una década en default. Cuatro condiciones Ambos expertos indican que en el proceso que el interinato tiene la intención de iniciar, puede darse tanto reestructuración (cambio de las condiciones por los términos de deuda existente como períodos y montos) como refinanciamiento (cambiar deuda nueva por vieja), en diferentes dimensiones y varias etapas, para que lo que se debe hoy se pague a futuro en mejores condiciones, dependiendo del análisis de la sostenibilidad fiscal. “El problema es que el peso de la deuda es tan grande respecto al tamaño de su economía y también a la capacidad que tiene para generar divisas. Pagar deuda implica costos sobre las cuentas fiscales y dependiendo de cómo termine siendo el cronograma de pagos, eso puede facilitar o dificultar el rango de maniobra fiscal que tiene el Ejecutivo para hacer frente a sus necesidades locales”, dijo Cunto. Resaltó además el hecho de que varios países tienen que dedicar gran parte de su presupuesto a los pagos de intereses de deuda y Venezuela no los ha pagado en más de una década. Agregado que si bien el gobierno aseguró que no tiene previsto pedir financiamiento al FMI, es la realidad de que los ingresos petroleros son insuficientes para atender las necesidades e iniciar una recuperación económica sostenible. Aparte de la necesidad de soporte del FMI –en lo que el país también debe cumplir ciertos requisitos- para facilitar el proceso de reestructuración de deuda, Venezuela no cumple con otras tres condiciones para obtener resultados exitosos, de acuerdo con Cunto. A saber: legitimidad de las autoridades de gobierno que lo hagan un interlocutor confiable, cifras auditables y un plan macroeconómico creíble que diga que el país va a estar en capacidad de pagar en el futuro. “Sería un proceso de negociación (por la deuda) asimétrico por la debilidad estructural de la institucionalidad pública venezolana en materia económica, dígase Ministerio de Finanzas, BCV y Asamblea Nacional, por lo que podría acabar en términos desfavorables para la nación. Un proceso de reestructuración mal llevado puede costar tanto como no llevar”, alertó. La portavoz del FMI, Julie Kozack, dijo que están al tanto del anuncio venezolano ya la espera de conocer más detalles al respecto. Aclaró que el organismo no ha participado en este proceso de toma de decisiones. Riesgo alto país antes de las sanciones En el comunicado del interinato, se sostiene que Venezuela cumplió históricamente con sus obligaciones internacionales hasta que llegaron las sanciones impuestas por países como EEUU. Esto, según el comunicado, hizo que el Estado quedara excluido del acceso normal a los mercados de financiamiento y la inversión en salud, electricidad, agua, educación, infraestructura y recuperación productiva, quedaría “severamente” limitada. Los economistas refutan el planteamiento. Guerra recordó que las sanciones internacionales comenzaron en el año 2019 y que el país ya venía “sobreendeudado” sin capacidad de pagar, a menos que se sacrificara gastos fundamentales como los de la salud y educación. “Entre 2008 y 2013 Venezuela gastó más en pago de la deuda externa que lo que dedicó a la salud y la educación en conjunto; es decir, la deuda estaba ahogando al país porque se contrató a tasas de interés muy elevadas, 10 y hasta 13% durante la gestión de Rafael Ramírez (ministro y presidente de Pdvsa), Nelson Merentes (ministro de Finanzas) y Jorge Giordani (Planificación). la capacidad de pago del país, pero no fue lo que contestó el incumplimiento de pago”, respondió el exdiputado. Venezuela, precisa Cunto, aumentó de manera importante su deuda en la primera década de los 2000, para el financiamiento de gasto corriente en medio de un boom petrolero, sin tener la contraparte de inversiones que facilitarán el repago. “La cuestión no es si un país tiene o no deuda, es normal que la tenga, sino que pueda ser pagada en el tiempo, en los periodos establecidos, sin generar riesgos de impagos a futuro y sin que esto exceda las propias capacidades que tiene país para pagar, eso se llama sostenibilidad y en este momento la deuda de Venezuela es insostenible si se reanudaran los pagos como los que están establecidos. Antes de interrumpirse los pagos en 2017, Venezuela ya era uno de los países con el riesgo país más alto del planeta por la calidad de sus políticas económicas”, sostuvo.