Misión de ONU respalda solicitud de extradición de militar venezolano acusado de crímenes de lesa humanidad

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, adscrita a la ONU, que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la represión de las protestas de 2014 contra el Gobierno de Nicolás Maduro, describió este martes de “avance judicial clave” el pedido argentino de extradición de un exmando militar venezolano involucrado, un trámite inédito amparado en el principio de la jurisdicción universal. La Justicia argentina solicitó a España la extradición del excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según informó el pasado 1 de junio la organización demandante, InterJust. Verdú fue citado por la Justicia española para este miércoles 10 de junio por videoconferencia para que manifieste si conforme o no su entrega a Argentina, según informó a EFE en Madrid fuentes jurídicas. La Misión @ONU_es de Determinación de los Hechos sobre #Venezuela a la bienvenida a un avance judicial clave: la tramitación de la primera solicitud de extradición derivada de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las protestas de 2014. pic.twitter.com/nLMvlPsA87— UN Human Rights Council Investigative Bodies (@uninvhrc) June 9, 2026 Este exmilitar integra un grupo de 14 mandos de la Guardia Nacional Bolivariana denunciado en territorio argentino en 2023 por la ONG internacional InterJust, por casos de manifestantes muertos debido a brutalidad policial durante la represión de las protestas civiles de 2014 contra Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero por EE.UU. bajo acusación de narcotráfico, entre otros delitos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos expresó este martes en un comunicado que se está ante un “avance judicial internacional clave: la tramitación de la primera solicitud de extradición derivada de una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante las protestas de 2014”. La Misión recordó que a través de varios informes “ha expuesto de forma detallada los acontecimientos de violencia y represión ocurridos en Venezuela desde 2014”, producto de investigaciones que buscan “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas en estricto cumplimiento de su mandato”. El uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas incluyó la utilización de munición real contra manifestantes desarmados, lo que “llevó a un alto número de muertes”, y la colusión de las fuerzas estatales, en particular la GNB, con civiles armados, los llamados ‘colectivos’ afines al Gobierno, para atacar y amedrentar a manifestantes. “Cientos de estudiantes y ciudadanos opositores fueron detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones y fueron sometidos a tortura y malos tratos en detención o durante el traslado a centros de detención, en numerosos casos de violencia sexual”, agregó la Misión en su comunicado. Estas acciones reflejan la existencia de un régimen de represión institucionalizado y estructurado desde las más altas esferas del poder público con el objetivo de silenciar la disidencia y mantener el control político, afirmó la Misión.