. EFE/ Miguel Gutiérrez La organización no gubernamental Foro Penal recibe con optimismo y cautela el anuncio de la Ley de Amnistía hecho este viernes por la presidenta Interina, Delcy Rodríguez. Esta ONG, dedicada a defender los derechos humanos, aspira a que la ley “abarque a todos los presos y perseguidos políticos de Venezuela”. Penal.Qué debe contemplar la Ley de AmnistíaForo Penal, encabezado por Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, recuerda que en distintos años (2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2026) ha propuesto una amnistía.Desde ese marco, precisan seis puntos que deben estar presentes, a saber:*Contar con la participación activa de la sociedad civil, de las ONG de derechos humanos y, muy especialmente, de las víctimas de la prisión y persecución política en Venezuela en su redacción, aplicación y seguimiento.* Definir claramente su alcance y cumplir con el mandato previsto en el artículo 29 de nuestra Constitución, que prohíbe expresamente que la amnistía favorezca o incluir a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. que rigen las amnistías como mecanismos jurídicos, políticos y sociales necesarios al logro de la reconciliación, la justicia y la paz nacional. * Apoyarse en su formulación, aplicación y seguimiento en los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, haciendo valer los pronunciamientos, opiniones, decisiones y recomendaciones que se han dictado sobre los casos de los presos y perseguidos políticos de nuestra nación a lo largo de todos estos años. de la afirmación de la libertad y de la favorabilidad, evitando que cualquier duda sobre la aplicación de la amnistía sea resuelta de manera desfavorable al preso o al perseguido. Foro Penal pone esta experiencia y experticia, se lee en el comunicado emitido, a la orden de la sociedad y de cualquier órgano del Poder Público. los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad.Desde el 8 de enero se adelantan excarcelaciones de presas y presos políticos en el país. Una de las más recientes fue la del activista y abogado de Provea, Eduardo Torres, detenido arbitrariamente desde mayo del año pasado.



