Los desafíos para que la Ley de Hidrocarburos genere confianza y mejore los ingresos petroleros

La aprobación de la Ley de Hidrocarburos representa un avance en un marco legal e institucional que resulta atractivo y confiable para los inversionistas. Es una iniciativa que debe traducirse en reglas concretas y estables, según señalan analistas consultados. Las condiciones para construir un nuevo andamiaje institucional en un escenario jurídico de largo alcance no se dan de forma automática, razón por la cual el progreso en las áreas claves debe quedar posicionado progresivamente en el radar petrolero. que participarán en la generación de ingresos petroleros”, expresó Carolina Pagliacci, Coordinadora del Centro de Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA)“En ese contexto los desafíos para la obtención de recursos petroleros son muchos. Hay que diseñar un marco institucional, contractual y fiscal que sea competitivo en fin, un buen diseño para el abordaje del arbitraje internacional”, explicó Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice. la Ley de Hidrocarburos es un buen inicio, pero “falta el reglamento, el modelo de contrato, incluso creo que el texto legal puede mejorarse. En todo caso hay que ver esa ley como un marco regulatorio de transición hasta que se consolide un esquema de hidrocarburos mucho más estructurado y más institucionalizado con una agencia regulatoria independiente”. Para la economista Pagliacci, “una vez que comiencen las inversiones, el tiempo para observar resultados dependerá del tipo de proyecto. En el caso de la rehabilitación de campos petroleros ya existentes, los aumentos de producción podrían alcanzarse en un plazo relativamente corto, incluso alrededor de un año. Monaldi coincide que la inversión en una primera etapa vendrá de los proyectos de ciclos cortos de 1,2 y 3 años, que tienen ya infraestructura donde solamente hay que perforar, reparar o recuperar pozos. Pero los proyectos grandes que exigen infraestructura nueva de oleoductos, tanques, desarrollo del campo, entre otros, van a tener que probablemente esperar a que haya más claridad en el entorno políticoVarios contratos sin el aval de EEUUPara Monaldi, son varios los obstáculos que inciden en el área legal “Hay aparentemente más de 30 Contratos de Participación Productiva (CPP) y la mayoría fueron dados a empresas que no son las que Estados Unidos está dispuesto a otorgarle licencia”, puntualizó el director del Programa de Energía para América Latina y Becario Wallace S. WilsonAgencias han reportado que posiblemente muchos de estos proyectos se cancelen, pero Monaldi recuerda que representan más del 20% de la producción de Venezuela. “Entonces, hay un tema que resolver”.A esto se suman rusos y chinos con un poco más del 20% de participación, lo que significa que el 40% de la producción petrolera en Venezuela no está licenciada, indicó el experto en energía.Luego la cuarta parte de la producción está en manos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de las empresas que sí están licenciadas como Chevron, Repsol, Maurel & Prom y ENI, “donde es más fácil porque esas corporaciones sí van a poder invertir inmediatamente, aunque con ENI faltan algunos aspectos que resolver”.Lógicamente están los otros temas de recursos humanos, de electricidad, infraestructura, etc, pero eso “se tiene que resolver en paralelo a todas las precondiciones ya señaladas”, agregó Monaldi. 4 millones de barriles.Para lograr ese propósito allí es necesaria la segunda etapa de grandes inversiones greenfields, proyectos que requieren nueva infraestructura.Aunque en la primera etapa puede haber un desarrollo relativamente rápido de hasta 1,4, o 1,5 millones de barriles diarios en los primeros 2 o 3 años solo estima, a lo sumo, un nivel de producción adicional de entre 150.000 y 200.000 barriles por día, un incremento importante, pero aún no nos lleva a los niveles del 2019.Exxon y Conoco, de EEUU, requieren entrar en proyectos grandes y nuevos por lo que exigen mucha más claridad legal “porque invertir cientos o millas de millones de dólares con una maduración de 20 o 30 años no es una decisión fácil”. Esa es la razón por la que estas petroleras exigen más en términos de transición política y seguridad jurídica en comparación con las que ya están adentro o que ejecutan una inversión comparativamente más pequeña. PdvsaEl académico Francisco Monaldi sostiene que la industria petrolera venezolana tiene una gran deuda, que identifica en $35 000 millones.“En total, Venezuela tiene más de 170.000 millones de dólares de deuda y eso se paga principalmente con los ingresos petroleros, independientemente que sea de la propia Pdvsa o de la República”, agregó.Al ser consultado sobre el papel que juega Citgo, la principal filial en el extranjero de Petróleos de Venezuela, en esta historia, indicó que la decisión del Juez en EEUU pareciera estar orientada a entregársela a los acreedores, aunque el gobierno estadounidense todavía no decide dar la autorización final “Pero si se mantuviera en manos del Estado venezolano, obviamente sería positivo para la recuperación del sector”, dijo Monaldi, quien ha sido profesor en las universidades de Columbia, Harvard, Rice, Stanford y Tufts. Aunque el país conserva parte de la estructura institucional que se desarrolló durante su historia como productor de crudo, estas instituciones deben ser rediseñadas para que funcionen mejor de lo que lo han hecho tanto en el pasado reciente como en etapas anteriores, dijo el académico Pagliacci, quien entre su línea de investigación está el desarrollo de técnicas econométricas para distinguir las fluctuaciones macroeconómicas generadas por factores de oferta y de demanda. persona o institución, siendo lo más saludable que existe una distribución clara de responsabilidades, donde distintas instituciones se encarguen de generar los ingresos, administrarlos y regular su impacto en la economía. Esta separación de funciones permite mayor control, transparencia y coordinación”.Por ejemplo, argumenta que el Estado venezolano, a través de su empresa petrolera estatal, recibe una parte de los ingresos por su participación en las empresas que exportan petróleo. A su vez, debe decidir qué parte de esos recursos se reinvierte para sostener y aumentar la producción. Esta decisión no es sencilla y requiere tanta capacidad técnica como criterios políticos bien definidos.Por otro lado, puntualizó la economista que el Estado, en su papel como autoridad fiscal, obtiene ingresos petroleros a través de impuestos. El manejo de esos recursos deben considerar tanto las necesidades inmediatas como las de largo plazo. Todo esto debe ocurrir dentro de una nueva institucionalidad fiscal que ayude a mantener la estabilidad macroeconómica. Por último, estima que el Banco Central cumple un papel fundamental en la gestión de las divisas que ingresan al país a través del sector petrolero y el fisco. rol también necesita ser revisado y fortalecido. “Al final, convertir los ingresos petroleros en desarrollo requiere instituciones bien diseñadas, con reglas claras y coordinadas entre sí. Esto es algo que solo puede lograrse mediante el esfuerzo colectivo de distintos sectores de la sociedad”, acotó la profesora del IESA.Considera que si bien el Departamento de Estado estadounidense puede tener algunas buenas intuiciones sobre cómo manejar adecuadamente el ingreso petrolero, es difícil pensar que unos pocos funcionarios puedan ser capaces de reproducir y sustituir el entramado de decisiones que las instituciones de un país llevarían a cabo. Criterio, el Banco Central necesita un nuevo marco institucional que le permita cumplir efectivamente su función de política monetaria, como lo hacen la mayoría de los bancos centrales de América Latina. “Restablecer su independencia del Ejecutivo es un paso necesario, pero insuficiente. También debe modificarse la forma en que se manejan las divisas petroleras. Cuando el BCV compra los dólares del fisco y la industria, éstos pasan a ser parte de su balance, afectado la cantidad de dinero (en Bs) de la economía, y potencialmente la inflación (…) Es decir, el Banco Central pierde el control sobre la cantidad de dinero y no puede llevar a cabo una política monetaria estabilizadora”, dijo la economista, experta en política monetaria y su relación con el sistema financiero. que estas venden sus divisas directamente en el mercado cambiario, bajo la supervisión del Banco Central. Esto permitiría que la autoridad monetaria influya en el mercado, pero sin alterar directamente su saldo, puntualizó el analista. Asimismo, sería conveniente que los recursos del Estado se distribuyan a través de bancos públicos o privados, y no desde el propio Banco Central. monetario al gasto fiscal, argumentaron Pagliacci y Monaldi.