Milei busca eliminar las primarias de Argentina en un intento de reforma electoral

El presidente Javier Milei anunció desde Israel a mitad de semana que su gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral que, entre otros cambios, eliminaría las primarias de las PASO. La reforma propuesta sacudiría radicalmente las elecciones argentinas. Además de cambios en el financiamiento político, también introduciría la llamada ‘Ficha Limpia’ o regla de “borrón y cuenta nueva” que prohibiría las candidaturas de personas condenadas por corrupción. El proyecto de ley ‘Ficha Limpia’ es una política de larga data impulsada por varios partidos de derecha, sobre todo el PRO. Estuvo cerca de obtener la aprobación el año pasado, aunque tropezó en el Senado. Según la norma, las personas condenadas en segunda instancia por delitos como corrupción no serán elegibles para ser candidatos o líderes de partidos, un umbral que impediría, por ejemplo, que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se postulara para un cargo. El principal objetivo, sin embargo, es descartar las primarias Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional. Aunque en 2025 se aprobó una ley que los suspendía para las elecciones nacionales de ese año, aún no se ha confirmado su erradicación total. El partido gobernante sostiene que las disputas por el liderazgo y las candidaturas deben resolverse sin intervención ni apoyo del Estado. El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó recientemente que eliminar las PASO ahorraría “más de 200 millones de dólares”. El gobierno de Milei dice que las PASO deben ser descartadas, aunque algunos sectores ven más prudente suspenderlas nuevamente. El presidente Milei anunció el impulso de la reforma en las redes sociales. Dijo que los cambios “pondrían fin a la impunidad” y dejarían de obligar a los argentinos “a pagar por las elecciones internas de la casta”. Milei argumentó además que un nuevo esquema de financiamiento impediría que los políticos profesionales vivan de fondos públicos, remarcando que la reforma busca “acabar con los privilegios” en la esfera política. “El voto de cada diputado y senador sobre este proyecto de ley será muy revelador. Los opositores harán evidente que ven la política como un negocio”, dijo la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, en sus redes sociales. “Ningún partido político honesto puede oponerse a esta agenda. Este no es un año electoral. No hay excusas”, coincidió el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari. Un equipo de gobierno, encabezado por el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy, comenzó a trabajar en la iniciativa hace algunos meses. El proyecto de ley también endurece los requisitos para la creación y funcionamiento de partidos políticos. Para obtener estatus legal, los partidos tendrían que alcanzar un número mínimo de miembros, cumplir con una estructura formal y demostrar presencia en varios distritos. Se establecen controles más estrictos para su continuidad; podrían perder su estatus si no celebran elecciones internas, no participan en elecciones nacionales o no alcanzan un umbral mínimo de representación. Otro aspecto clave es la financiación de los partidos, con mayores controles y restricciones. Sólo los partidos oficialmente reconocidos podrán recibir financiación estatal, mientras que estarán prohibidas las donaciones de fuentes anónimas, extranjeras o vinculadas a sectores como sindicatos o concesionarios. Además, se pondrá un límite a las contribuciones privadas y se requerirá una mayor transparencia en el gasto de campaña. La financiación pública se distribuirá en parte equitativamente y en parte según los votos recibidos, buscando equilibrar representación y equidad. También se establece que todas las transacciones deben procesarse a través de cuentas bancarias controladas, y se restringe la contratación de servicios extranjeros para evitar influencias externas. El objetivo es limitar las contribuciones irregulares, garantizar una mayor trazabilidad del dinero y distribuir los fondos públicos con criterios más claros, combinando equidad entre partidos y peso electoral. Anteriormente, el gobierno logró avanzar con la reforma electoral, asegurando el apoyo del Congreso para la introducción de la boleta única de papel BUP (Boleta Única de Papel) para las elecciones nacionales, que hizo su debut en las elecciones intermedias del año pasado. El antiguo sistema de votación múltiple sigue siendo válido en la provincia de Buenos Aires, donde los peronistas derrotaron a La Libertad Avanza en las elecciones intermedias provinciales del pasado septiembre. – TIEMPOS/PERFIL/NA