El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago ha ordenado recluir a por lo menos 200 inmigrantes venezolanos en un Centro de Detención de Inmigración, para ser deportados por órdenes de la primera ministra del país, Kamla Persad-Bissessar.
La orden la había propuesto Persad-Bissessar como parte de su política migratoria, pero no fue hasta el lunes que el secretario permanente del Ministerio de Seguridad Nacional, Videsh Maharaj, envió la solicitud, en la que explicaba que todos los inmigrantes ilegales serían amontonados antes de ser deportados.
Los indocumentados, según agregó Maharaj en el pedido, no quedarán previamente supervisados por las autoridades como una orden oficial, sino que serán deportados en masa como un ejercicio migratorio.
El 15 de agosto pasado, reporteros del país le cuestionaron a Persad-Bissessar cuándo cumpliría su promesa política migratoria, a lo que respondió que «pronto».
Persad-Bissessar, de igual manera, culpó a la pasada administración por fallar en enfrentar la situación migratoria ilegal, de la cual aseguró que está vinculada con la criminalidad en el país.
«Eso fue lo que permitieron que pasara por los pasados diez años. No hubo ningún intento para que nuestros antecesores separaran a aquellos inmigrantes venezolanos que legítimamente escapaban de su país a aquellos que venían acá con intenciones criminales», sostuvo Persad-Bissessar en aquel momento.
En las pasadas semanas, las relaciones entre Venezuela y Trinidad y Tobago han chocado debido a su rechazo y apoyo, respectivamente, a que Estados Unidos haya desplegado equipos militares para frenar embarcaciones presuntamente de narcotraficantes en el mar Caribe.
Para ello, Trinidad y Tobago ganó el atraco el domingo de un destructor de la Armada de EE.UU. para llevar a cabo ejercicios militares, en medio del despliegue de Washington en el mar Caribe.
Ante ello, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizó este lunes la suspensión «inmediata» de los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago ante la que denunció como «amenaza» de Persad-Bissessar, de convertir al país insular «en el portaaviones» de Estados Unidos contra Suramérica.
«Suspendido todo», dijo tras asegurar que ha aprobado una propuesta del Ministerio de Hidrocarburos -encabezado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez- y la directiva de la estatal Pdvsa de suspender los acuerdos, luego de la llegada del destructor.
